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La ministra de Justicia, Helen McEntee TD, ha anunciado hoy que el gobierno ha aprobado un plan para regularizar a miles de inmigrantes indocumentados y sus familias que viven en Irlanda.
No hay datos fiables sobre el número de indocumentados en el Estado, pero los estudios sugieren que podría haber hasta 17.000 indocumentados, incluidos hasta 3.000 niños, y que muchos podrían tener un empleo, aunque probablemente poco remunerado.
“Estoy encantado de que el Gobierno haya aprobado mi propuesta para este plan trascendental, que sólo se da en una generación. Dado que las personas que se beneficiarán de este plan viven actualmente en la sombra, es difícil decir cuántas podrán acogerse a él, pero vamos a abrir este plan durante seis meses a partir de enero para permitir que la gente se presente y regularice su situación.
“Aportará la seguridad y la tranquilidad que tanto necesitan miles de personas que ya viven aquí y hacen una valiosa contribución a nuestra sociedad y a la economía, muchas de las cuales pueden ser muy vulnerables debido a sus actuales circunstancias de inmigración”.
332 teoría de la conspiración de lrs,2020 (regularización del trazado
Para ayudar a informar a los responsables políticos y a los defensores, este informe examina cuatro escenarios potenciales en los que el Congreso concede una vía a la ciudadanía a: todos los inmigrantes indocumentados; los inmigrantes indocumentados que trabajan en ocupaciones esenciales; los Soñadores y los elegibles para el Estatus de Protección Temporal (TPS); y una combinación de Soñadores, los elegibles para el TPS y los trabajadores esenciales.5
Escenario 1: Proporcionar una vía a la ciudadanía para todos los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos impulsaría el producto interno bruto (PIB) de los Estados Unidos en un total acumulado de 1,7 billones de dólares durante 10 años y crearía 438.800 nuevos puestos de trabajo.6
Hipótesis 2: Proporcionar una vía de acceso a la ciudadanía a los inmigrantes indocumentados que son trabajadores esenciales impulsaría el PIB en un total acumulado de 989.000 millones de dólares a lo largo de 10 años y crearía 203.200 nuevos puestos de trabajo.
Hipótesis 4: La concesión de una vía de ciudadanía a los trabajadores esenciales indocumentados y que reúnan los requisitos de la Ley 6 aumentaría el PIB en un total acumulado de 1,5 billones de dólares a lo largo de 10 años y crearía 400.800 nuevos puestos de trabajo.8
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La República Dominicana, de la mano del presidente Danilo Medina, ha puesto en marcha la iniciativa más ambiciosa de la historia del país en materia de documentación y normalización de toda la población que vive en el país.
Para lograrlo, se han establecido dos mecanismos: La Ley Especial 169-14, tanto para los nacidos en República Dominicana como para los hijos de padres extranjeros en situación irregular, y el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.
Si tomamos en cuenta la Encuesta Nacional de Inmigrantes UNO realizada por la Unión Europea en 2012, hemos pasado de ser un país con un 20% de migrantes con estatus regularizado a más de un 75% de migrantes con estatus regularizado.
La Ley Especial 169-14 es una política que ordena un censo del país y proporciona la documentación adecuada a las poblaciones que eran vulnerables. Esta ley establece dos grupos de beneficiarios que se denominan A y B, según su situación documental.
El grupo A está formado por las personas nacidas en la República Dominicana y los hijos de padres extranjeros indocumentados. Estas personas poseen algún tipo de documento emitido por la República Dominicana que los acredite como nacionales.
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Es demasiado pronto para saber cuántas personas se beneficiarán finalmente de él. Pero los fallos en el diseño y la aplicación del programa han hecho que se pierda la oportunidad de hacer frente a las múltiples vulnerabilidades de los inmigrantes indocumentados, incluida la explotación generalizada en el sector agrícola italiano.
“Italia fue elogiada con razón por ofrecer a los inmigrantes indocumentados una vía de residencia en medio de la pandemia”, dijo Judith Sunderland, directora asociada de la división de Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “Pero la trágica verdad es que el esfuerzo fue diseñado y desplegado de una manera que excluyó a cientos de miles de personas y ni siquiera llegó a la mayoría de los trabajadores agrícolas a los que se suponía que debía beneficiar”.
El programa se adoptó en mayo de 2020 para “garantizar una adecuada protección de la salud individual y colectiva” y “facilitar la aparición de relaciones laborales irregulares”, para sacar de la sombra el trabajo informal e indocumentado. En la práctica, la medida respondía a un interés económico estratégico de garantizar que los sectores esenciales tuvieran suficientes trabajadores, en lugar de centrarse en un enfoque basado en los derechos. En total, 220.000 personas se acogieron al programa, algo menos de un tercio de los 690.000 inmigrantes indocumentados que se calcula que hay en Italia.